La movilización naval

Después del combate del 31 de marzo los acontecimientos se desencadenaron rápidamente. Los chilenos tuvieron el descaro de hacerse los ofendidos. Llamaron a su embajador en Lima para consultas y le pidieron explicaciones al embajador peruano en Santiago. Este mal peruano, en lugar de demostrar una actitud firme con Chile, adujo –falsamente– que el capitán Higueras había actuado contra las directrices explícitas que le había dado el gobierno. El gobierno chileno exigió disculpas públicas por parte del Perú, el pago de una indemnización a los heridos y a las familias de los muertos, que el capitán Higueras fuera enjuiciado por “crímenes contra la paz” y que se suspendieran las patrullas militares peruanas. En una actitud sumisa inaceptable, se rumorea que el gobierno peruano contrapropuso emitir un comunicado lamentando los hechos (mas no pidiendo disculpas) y una corte marcial discreta a Higueras, (dándose por descontada su separación de la Marina de Guerra). Eso sí, se reservaría el derecho de seguir patrullando el mar territorial confirmado al Perú por el fallo de la Haya. Chile rechazó la excesivamente generosa propuesta peruana y planteó sus protestas formales ante la ONU y la OEA, acusando al Perú de haber iniciado las hostilidades. Para colmo, y a pesar de todo su discurso en torno a la “resolución pacífica del impasse”, la misma noche del 31 de marzo ordenaron movilizar a la mayor parte de sus unidades navales desde Valparaíso y Talcahuano hacia Iquique. La intención era obvia: pensaban iniciar un ataque contra el Perú.

Fue en ese contexto que Chile declaró su famosa “zona de exclusión”. Esta se extendía desde la frontera reclamada por Chile hasta 200km al norte, llegando aproximadamente al paralelo 16”37 S. Esto constituía un atentado contra la soberanía peruana, básicamente prohibiéndole al Perú que ubicara unidades navales en el puerto de Ilo. El objetivo era que el mar territorial “disputado” quedaría mucho más cerca de las bases chilenas que de las peruanas, y podría ser patrullado de manera relativamente impune por Chile mientras intentaban apelar el fallo de la Corte. La declaratoria resultó ser un error político por parte de Chile. Había jugado sus cartas de manera demasiado agresiva, y la comunidad internacional condenó casi unánimemente tal accionar; aunque con notable doblez, condenaron también las acciones del valiente capitán Higueras. El gobierno chileno tuvo que defender su “zona de exclusión”, arguyendo que era solamente defensiva y provisional, y que no tenía ninguna intención de socavar la soberanía peruana. Adujo que habían sido malinterpretados, y que más bien habría sido mejor describir su propuesta como un “buffer zone”, ya que la Armada chilena se abstendría de estar presente en un territorio similar al sur de la frontera, siempre y cuando el Perú hiciera lo mismo.

Entre tanto, zarparon las fragatas Quiñones, Mariátegui, Palacios y Bolognesi a reforzar a la Villavisencio y Montero que se encontraban en Pisco, para estar listas en caso de un probable ataque chileno. También se posicionaron las corbetas misileras Sánchez Carrión, Velarde, Santillana y De los Heros y una cantidad aún desconocida de submarinos. Las demás unidades quedaron en el Callao, a la expectativa, mientras que en el crucero Almirante Grau se terminaban algunas reparaciones de último minuto para tenerlo a punto.

Durante todos estos días la tensión se mantuvo a un altísimo nivel. Ambas entidades internacionales pidieron que se mantuviera la calma y que Perú y Chile se abstuvieran de realizar acciones que aumentaran la tensión y pudieran precipitar una guerra. Ante las claras indicaciones que la comunidad internacional dio al gobierno de Chile de que no intentara hacer cumplir su “zona de exclusión” (o “buffer zone”), y sumado a la presión de la opinión pública peruana de hacer respetar la soberanía peruana, el 1 de abril empezó la operación “Cerbero-Villavisencio”. Esta consistía en un cauteloso desplazamiento de unidades navales hacia Ilo, con lo cual se les ubicaría en una posición de defensa adelantada para enfrentar operaciones ofensivas de la Armada de Chile, mientras se dejaba sin efecto la “zona de exclusión”.

Como era de esperar, aeronaves chilenas –un par de Persuaders– observaron estos desplazamientos desde lejos, “haciéndoles sombra”, pero sin atreverse a atacarlos. Las fragatas peruanas –en una concesión excesiva a las organizaciones internacionales digitada por el gobierno– no abrieron fuego contra los observadores. Media hora después de su detección, un par de MiG-29s interceptaron a los Persuaders y los escoltaron de salida del mar peruano. Todas las unidades se mantuvieron en una constante alerta, por si los chilenos decidieran hacer un ataque sorpresa. El 2 de abril el Perú declaró victoria, habiendo desafiado exitosamente la “zona de exclusión” chilena, sin sufrir una sola baja. La Marina de Guerra se encontraba a tiro de piedra de las aguas territoriales peruanas adjudicadas por el fallo de la Haya. En los días sucesivos, unidades peruanas volvieron a patrullar las aguas que patrullaban la Villavisencio y Montero el 31 de marzo.

En Chile, la opinión pública también estaba inflamada. No sabían por qué el gobierno había declarado una “zona de exclusión” que no estaba dispuesta a hacer respetar, y menos el que se permitiera que unidades peruanas patrullaran el territorio marítimo que Chile quería recuperar. Según decían, los peruanos nos estábamos burlando de ellos. Es más, por fuentes anónimas de La Moneda, parecía que el gobierno chileno estaba contemplando dar marcha atrás a sus planes de guerra y retornar a las vías de la diplomacia, suspendiendo la fallida “zona de exclusión”, pero solicitando que los peruanos tomaran la medida equivalente de suspender sus patrullas militares en el territorio “disputado”. Como se vería el 5 de abril, todo ello no fue más que una muy bien planificada treta.